Los precios… a voleo
La asociación de consumidores Facua denuncia la diferencia de precio entre comunidades a la hora de realizar la inspección técnica de vehículos (ITV).
El precio de la ITV en nuestro país, lejos de uniformarse lleva camino de convertirse en un escaparate de contrastes. La media para un turismo diesel en la Comunidad de Madrid es de 52,6 euros, con algunos casos en que se llega a los 60. Sin embargo, el mismo coche en Navarra paga 29,4 euros, diferencia que supone casi el 80% y que supera el 160% en el caso de las motos…
Son datos del estudio realizado por la asociación de consumidores Facua, que señala que tras Madrid (donde está liberalizado su coste) figura Valencia (51,6 euros) y Murcia (49,8 euros), siempre para un turismo diesel, mientras que por el contrario y para el mismo vehículo las ITV más baratas son, tras las de Navarra, las de Extremadura (32 euros) y Asturias (34 euros). El precio medio nacional se mantiene casi inamovible sobre los 39 euros, y ello sin olvidar que a estos precios hay que añadir los 3,90 euros de la tasa de la DGT (que se queda ella).
Para las motos (que deben pasar la IV cada dos años) el precio nacional medio de la ITV es de 20 euros (+1% sobre 2015), siendo igualmente Madrid la C.A. más cara (33 euros de media) seguida esta vez por Extremadura (32), mientras que Murcia (12,4) y Valencia (13,6) pasan a ser las más baratas.
Estas diferencias se han acentuado a medida que se ha modificado el régimen de gestión de las ITV, siendo más baratas allí donde se mantiene público y más caras donde es privada, con una situación intermedia para las de régimen mixto (gestión pública o privada, pero con tarifas de precios máximos fijadas por la Administración local).
En comparación con la media del resto de la UE, los precios de las ITV en Madrid y Cataluña están sobre un 20% más caras, mientras que en Navarra y Extremadura se mueven entre el 10 y el 20% más baratas. Urge aclarar este batiburrillo y lo natural sería extender el sistema de precios máximos a las ITV de las CC.AA. en régimen de gestión privada, dejando que la libre competencia favorezca un mercado a la baja.
