Gerardo Romero-Requejo M.
Se introduce el requisito de la sanción obligatoria
Las zonas de bajas emisiones (ZBE) deberán acreditar a partir del 26 de noviembre que sus restricciones funcionan realmente tras la publicación del nuevo Real Decreto 953/2026 en el BOE. Los ayuntamientos tendrán que demostrar que aplican los controles, las limitaciones de acceso y el régimen sancionador.
La Ley de Cambio Climático 7/2021 exige que los municipios de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y a los de más de 20.000 con mala calidad del aire, tengan una ZBE activa. Sin embargo, hasta el mes pasado, la DGT registraba en España solo 45 municipios con 53 zonas de bajas emisiones en vigor (algunas ciudades grandes cuentan con más de una zona delimitada) de los 150 obligados a ello.
El objetivo de la nueva etapa regulatoria de las ZBE en España es reforzar su aplicación efectiva y evitar que se conviertan en una medida meramente administrativa, sin consecuencias reales sobre la movilidad y la contaminación urbana, introduciendo nuevas exigencias para los municipios obligados a implantar estas áreas de circulación restringida.
La nueva regulación modifica el artículo 10.3 del Real Decreto 1052/2022 y establece mayores obligaciones de acreditación y seguimiento. De esta manera, las zonas de bajas emisiones tendrán que demostrar que las restricciones contempladas en sus ordenanzas municipales se cumplen y que cuentan con mecanismos efectivos para controlar los vehículos que acceden a sus perímetros.
Y es que de las 53 ZBE existentes, 13 de ellas permiten la entrada a cualquier vehículo sin importar su distintivo ambiental, además de que más de 100 ciudades siguen incumpliendo la Ley.
ZBE: ya no basta con aprobar una ordenanza
Uno de los principales cambios afecta directamente a los ayuntamientos. Hasta ahora, la aprobación de una ordenanza municipal y la delimitación territorial de una ZBE constituían pasos fundamentales para su implantación. Con el nuevo real decreto, las administraciones locales tendrán que acreditar también que las medidas están operativas.
Entre los requisitos que deberán justificar se encuentran:
- Ordenanza municipal: deberán remitir la normativa que regula las zonas de bajas emisiones.
- Restricciones de circulación: tendrán que demostrar que las limitaciones de acceso, circulación y estacionamiento están efectivamente implantadas.
- Sistemas de vigilancia: deberán acreditar el funcionamiento de las cámaras y demás dispositivos de control.
- Conexión con la DGT: será necesario demostrar la integración con el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad.
- Régimen sancionador: deberán justificar que las infracciones se tramitan y sancionan conforme a la normativa aplicable.
Este último punto es especialmente relevante para los municipios que todavía mantienen periodos de adaptación basados en avisos informativos antes de imponer sanciones (200 € reducida a 100€ por pronto pago y sin retirada de puntos), ahora obligatorias.
¿Qué pasará con las zonas de bajas emisiones actuales?
La publicación del Real Decreto 953/2026 no supone la eliminación de las zonas de bajas emisiones existentes ni una autorización general para que los vehículos más contaminantes vuelvan a circular por ellas.
Las restricciones municipales continúan dependiendo de las ordenanzas correspondientes. Por tanto, los conductores deberán seguir atendiendo a las condiciones de acceso y circulación establecidas en cada ciudad.
La principal novedad se encuentra en la supervisión administrativa: una ZBE no se considerará correctamente implantada mientras no se haya recibido la documentación acreditativa exigida por la nueva regulación.
Esto obliga a los ayuntamientos a revisar sus procedimientos, comprobar sus sistemas tecnológicos y garantizar que las medidas aprobadas tienen una aplicación efectiva.
Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla: las ZBE bajo mayor supervisión
Las consecuencias del nuevo marco normativo alcanzan especialmente a las grandes ciudades españolas. Madrid y Barcelona, con modelos de zonas de bajas emisiones que afectan a una parte importante de su movilidad urbana, deberán mantener la coherencia entre sus ordenanzas, los sistemas de vigilancia y los mecanismos sancionadores.
La misma situación afecta a Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga y otras capitales que han desarrollado sus propias ZBE.
La normativa no impone un modelo idéntico para todas las ciudades. Cada municipio conserva capacidad para determinar el perímetro de su zona de bajas emisiones, las condiciones de acceso y las restricciones aplicables, siempre dentro de las obligaciones establecidas por la legislación estatal.
El futuro de las zonas de bajas emisiones en España
El Real Decreto 953/2026 refuerza el control sobre las zonas de bajas emisiones y marca un cambio en la forma de evaluar su implantación. La cuestión ya no será únicamente cuántas ciudades han aprobado una ZBE, sino cuántas pueden demostrar que sus medidas están funcionando.
Para los municipios, el reto estará en garantizar la coordinación administrativa, tecnológica y sancionadora. Para los conductores, la recomendación es mantenerse informados sobre las condiciones de circulación de cada ciudad y no interpretar los cambios normativos como una suspensión de las restricciones.
Las zonas de bajas emisiones seguirán siendo una de las principales herramientas de las políticas de movilidad urbana y calidad del aire en España. La nueva regulación pretende que su aplicación sea verificable y que las obligaciones municipales tengan un cumplimiento efectivo.
26 de noviembre de 2026: fecha clave para las zonas de bajas emisiones
El 26 de noviembre de 2026 marcará un antes y un después en la regulación de las zonas de bajas emisiones en España. Ese día entrará en vigor el Real Decreto 953/2026, publicado en el BOE el pasado 6 de noviembre, que refuerza las obligaciones de los ayuntamientos para acreditar la implantación efectiva de estas áreas.
A partir de entonces, los municipios deberán demostrar que sus restricciones de circulación están operativas, que los sistemas de control funcionan, que existe conexión con la DGT y que el régimen sancionador se aplica sin periodos transitorios de avisos. La fecha no supone la desaparición de las ZBE actuales ni un cambio automático de las restricciones para los conductores, sino un endurecimiento de los requisitos administrativos y de control que deben cumplir las administraciones locales.
