La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha realizado un informe sobre los servicios de las ITV abogando claramente por la liberalización del mismo, pasando del sistema de concesión administrativa al de simple autorización, ya que el primero se presta a la creación de oligopolios, por no hablar de los claros casos de prevaricación y corrupción en la concesión, como ha sucedido en algunas CC.AA. que gestionan directamente este negocio. Ante esto, la Comunidad de Madrid ya ha pasado a conceder estos permisos por simple autorización, con entrada libre a todos los operadores que cumplan unas condiciones mínimas.
Con este régimen, los concesionarios de las distintas marcas podrán aspirar a establecer sus propios servicios de ITV, una aspiración tradicional de fabricantes, vendedores e importadores, y a la que siempre se ha opuesto la patronal de las ITV, AECA-ITV que acusa al informe de la CNMC de anteponer los criterios económicos por delante de los de seguridad vial. Para AECA, el que la misma empresa que vende y repara los vehículos pueda también inspeccionarlos puede dar lugar a “diagnósticos interesados”, o a que una empresa de flotas de transporte que posea su propia ITV sea más indulgente a la hora de examinar los suyos.
A esto se puede argumentar que con reglas claras e iguales para todos, controladas por inspecciones gubernamentales, no hay que temer este tipo de actuaciones, y que con el actual marco legal se dan más irregularidades en virtud de la situación de falta de competencia en algunas cadenas de ITV. AECA también teme que con la nueva legislación, las ITV se concentren en las zonas más pobladas y rentables, dejando de lado las áreas rurales y menos pobladas, así como que los nuevos operadores se limiten a la inspección de turismos y vehículos comerciales ligeros y medios, sin hacerse cargo de la de los vehículos pesados, agrícolas o de transporte escolar, cuya inspección es menos rentable.
En realidad, basta con establecer reglas de inspección mínima, y lo que se soslaya en el fondo es el hecho de que la actual inspección anual a los 8 años de la matriculación del vehículo nuevo es realmente exagerada (los constructores de vehículos exigen garantías a sus proveedores en primer equipo del orden de 5 y 6 años y casi todas las marcas ofrecen garantías ampliadas hasta los 6 años a sus usuarios), y que con los actuales vehículos, el plazo mínimo lógico sería el de dos años, como así lo ha reconocido la propia Comisión Europea, con las dos primeras revisiones cada 5 años, y no 4 como ahora. Lo lamentable es que España no se ha acogido a esta recomendación ya que no es obligatoria todavía.
Pero AECA no se apea del burro e insiste en la “competencia desleal” que se puede originar si no se exige a los nuevos operadores las mismas (y restrictivas) reglas que se exigieron a los actuales, que pese a ello se lanzaron al goloso negocio de la revisión de un mercado cautivo de más 18 millones anuales de vehículos. Y sugiere que podrían exigir una indemnización si llega el caso por alteración de las reglas del juego, lo mismo que piden a las CC.AA. (algunas igualmente interesadas en mantener el monopolio de la concesión) su apoyo por el descenso de ingresos que puede causar la nueva situación a las mismas (sobre todo, a las que gestionan directamente las ITV).
Lo que es evidente es que se trata de una causa perdida, ya que va en contra de todas las tendencias predominantes en la UE, y que conforme crece el parque sujeto a inspección, deberían bajar el coste de las mismas en la misma proporción (España es el segundo país más caro de la UE en el precio de las ITV). Por eso el informe de la CNMC ha sido recibido con mucho interés desde las patronales ANFAC y ANIACAM, valorándolo positivamente y admitiendo la necesidad de una mayor competencia en el sector de las ITV, y que es algo que el sector lleva pidiendo desde hace muchos años, eso sí, manteniendo la calidad de las revisiones y sin rebajar la dimensión mínima de las instalaciones de inspección que en su día exigió el Ministerio de Industria. Con ello, esta liberalización acercará las ITV a los usuarios y contribuirá a reducir la alta tasa de vehículos que hoy día no pasan la inspección (un 8% del parque), mejorando la seguridad vial y la calidad medioambiental.
