El gobierno, a través de la oficina económica de presidencia y tras confirmación de su presidente, Alvaro Nadal, ha hecho pública la dotación del nuevo Plan PIVE 7 de ayudas a la compra de vehículos ecológicos a cambio de achatarrar vehículos con más de 10 años de antigüedad que ascenderá a 175 millones de euros, y será incluida en los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Este nuevo impulso dinamizador del Gobierno contribuirá a una mayor dinamización del consumo privado y a generar más confianza en la economía española, además de incrementar la recaudación fiscal. Así, el PIVE es una herramienta eficaz de recuperación económica, al tiempo que también contribuye a generar más empleo en las redes de concesionarios. Según ANFAC, el efecto del mismo dentro del sector del automóvil se evalúa en 1.980 millones de euros, que se sumarán a los 8.000 generados en el conjunto de los seis planes PIVE anteriores (cuya inversión directa total fue de sólo 715 millones, de los que además el Estado recuperó 3.000 de retorno vía impuestos).
La única nube en este ayuda es la previsión de que el actual PIVE se agotará en noviembre y si no se prorroga (lo que parece haber sido descartado por Álvaro Nadal) supondrá un frenazo en las ventas de vehículos para final de año, cuya previsión parecía hasta ahora que iba a ser ampliamente superada. ANFAC solicitaba una dotación suplementaria de 80 millones hasta final de año (estando dispuesta a conformarse incluso con la mitad, 40 millones de euros), para aprovechar el momento propicio que representa la salida de las líneas de producción de las fábricas nacionales de nuevos modelos adjudicados recientemente. Pero la realidad es que no parece haber fondos para esta prórroga; habrá que ver cómo se comporta la demanda en los dos últimos meses del año.
